El pasado miércoles 20 de noviembre, se realizó en varios puntos del país una movilización nacional para exigir al Gobierno el freno de sus políticas regresivas que afectan derechos esenciales de personas con discapacidad, dejando en evidencia que dañan a este colectivo vulnerado que requiere de una respuesta urgente
La convocatoria central fue frente a la Residencia Presidencial de Olivos. A lo largo del día, en otras ciudades del país, se replicaron acciones similares: Rosario, Mendoza, Tucumán y Córdoba, los participantes se concentraron en distintos puntos clave para dar visibilidad a la problemática que afecta no solo la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino también el trabajo de quienes sostienen las instituciones y servicios necesarios para su bienestar.
El impacto de los recortes presupuestarios del gobierno para 2025 se vuelve aún más grave. Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa y miembro del Foro Permanente de Discapacidad, expresó su preocupación por los recortes previstos en las pensiones no contributivas, un recurso fundamental para muchas personas con discapacidad que dependen de este apoyo para poder acceder a su derecho a la salud, la educación y una vida digna.
"...preocupación por los recortes previstos en las pensiones no contributivas, un recurso fundamental para muchas personas con discapacidad..."
«Nos preocupa enormemente lo que se ha conocido sobre el presupuesto. La reducción de más de 177.000 pensiones No Contributivas, como consecuencia del Decreto 843, significa que muchas personas quedarán sin este recurso esencial para acceder a su derecho a la salud, la educación y una vida digna. Además, los aranceles prestacionales establecidos por la Ley 24.901 han aumentado apenas un 2,4 %, lo que afecta gravemente a las instituciones, profesionales y transportistas que sostienen las prestaciones», dijo Maidana.
Las demandas del colectivo incluyen, además, la implementación de una Asignación Universal por Discapacidad, que garantice un mínimo de recursos para quienes no pueden acceder a otros tipos de ayuda, y la eliminación del Decreto 843, que retrocede en la adjudicación de pensiones no contributivas. Es fundamental que el Estado escuche y responda a estas solicitudes, ya que afectan derechos fundamentales. Las demandas son claras y urgentes: no solo se busca la inclusión plena, sino también la dignidad y el respeto que cada persona con discapacidad merece.
Porque la inclusión comienza con el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho de ser parte de la sociedad, sin barreras ni exclusiones, y es el amor y el respeto lo que realmente puede construir un futuro donde todos tengamos un lugar en el mundo.
